¡Bien venidos por la defensa de las montañas y del medio ambiente!
Martes 17 de marzo del 2015 | 12:02
Agricultor interpuso un reclamo legal
contra la RWE, considerada como una de las más
grandes emisoras europeas de gases contaminantes.
Los
nevados de Áncash se están derritiendo, un claro ejemplo es el nevado de
Pastoruri. (AFP)
En una demanda inédita en Europa, el agricultor peruano Saúl Luciano presentó
un reclamo legal al gigante energético alemán RWE para
que contribuya financieramente a menguar los daños medioambientales de los
nevados de Áncash, ubicado en el oeste del Perú.
El agricultor Saúl Luciano Lliuya cansado de las consecuencias del
efecto invernadero optó por reclamar a través de la ONGGermanwatch una reparación a RWE, considerado uno de los más grandes emisores europeos
de gases contaminantes.
“El calentamiento global genera el derretimiento de los glaciares en el
Perú y el mundo. Luciano Lliuya es un agricultor víctima de estos
cambios generados por el dióxido de carbono que emiten empresas como RWE”, explicó Christoph Bals —director político de
Germanwatch— a la agencia dpa sobre la
demanda presentada el viernes.
La empresa alemana con sede en la ciudad de Essen evitó por el momento
pronunciarse sobre el reclamo. Un portavoz respondió a la consulta de la
agencia dpa asegurando que RWE no recibió
hasta el momento la carta y que por lo tanto no podía comentar el
tema.
El caso llegó a Germanwatch gracias a Bals quien conoció la situación
del agricultor y guía de montaña peruano en la COP20,
el evento medioambiental más importante del mundo, cuya más reciente versión
fue en Lima a fines de 2014.
“RWE emite el 0,5 por ciento de dióxido de carbono
(CO2) del mundo, es el mayor emisor de este gas en la Unión Europea. Y
el CO2 causa que se derritan glaciares como los de los Montes Himalaya o los
Andes, donde vive Saúl Luciano Llulla”, aclaró Christoph Bals en Berlín.
Tras recibir la demanda, RWE tiene hasta
el 16 de abril para presentar su defensa, según la ONG. Si se niega a una reparación, la Justicia tendrá diez
semanas para emitir un fallo, que luego se tratará en instancias superiores. El
proceso legal, aseguró Bals, duraría alrededor de cinco años.
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