¡Bien venidos por la defensa de las montañas y del medio ambiente!
PERÚ PRIVILEGIA
INVERSIONES
DE INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS QUE OCASIONAN DAÑOS AMBIENTALES IRREVERSIBLES E IRREPARABLES
MINAM
y OEFA maniatados, sin facultades
de declarar ZR y de elaborar ECA.
APLICANDO PBI ENGAÑOSO PROPICIA DEPREDAR LOS RECURSOS NO RENOVAQBLES
La
expansión de las industrias extractivas puede elevar falsamente el PBI impuesto
por el sistema económico imperante que los economistas practican, las mismas
que el SNI y la CONFIEP imponen al MEF, con la consiguiente eliminación en el
futuro, del stock de recursos no renovables que, pasados ciertos umbrales,
puede depredar los renovables y reducir el valor de nuestros activos
naturales.
A pesar
de toda evidencia disponible sobre los costos ambientales, el Gobierno peruano está
obsesionado con el crecimiento del PBI engañoso, como si fuera lo único que
importara. Ese PBI engañoso que solo suma, no resta los daños ambientales.
Nuestra
Constitución faculta también al Estado promover el desarrollo sostenible, la
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, con
esta medida se dejan de lado. Evidentemente en el Perú existe conflicto entre
promover el PBI y proteger el medio ambiente.
Debemos medir los costos
ambientales e incluir en la “depreciación” de los activos naturales en el PBI.
No hay derecho a que sigan actuando de manera tan irresponsable, dilapidando el
patrimonio de la Nación y comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones.
DEBILITAN INSTITUCIONALIDAD Y MECANISMOS DE
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Con el paquete de medidas que el Congreso de la
República acaba de aprobar a propuesta del Ejecutivo “para reactivar la economía y promover las inversiones extractivas” propone, entre otras cosas, que
sea el Consejo de Ministros el que en adelante se encargue de crear las Zonas Reservadas (ZR), no se realice mediante resolución ministerial del MINAM sino por decreto supremo. Las ZR son el mecanismo que tiene el
Ministerio de Ambiente para proteger
territorios que
considera prioritarios mientras desarrolla los estudios necesarios para que
sean reconocidas por el mismo Consejo de Ministros como Áreas Naturales
Protegidas (ANP).
Con esto cancela el rol del
Ministerio del Ambiente (MINAM) y su desaparición vendrá pronto. Además, que la aprobación de los Estándares de Calidad
Ambiental (ECA) y Límites Máximos
Permisibles (LMP) se efectúe
mediante decreto supremo, limitando facultades del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) y el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP).
OEFA, joven órgano fiscalizador que el sector empresarial observa de reojo por su severidad sancionadora. Su tarea consiste en incentivar la producción limpia, pero la gran cantidad de multas que ha impuesto le ha convertido en un organismo que ahora está en el punto de mira. Ahora las sanciones de OEFA como órgano fiscalizador no podrán superar el 35% de la multa que corresponde aplicar en los siguientes tres años. Además, reducir a 30 días los plazos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), redundaran en mayor enfrentamiento con las comunidades y en mayor conflictividad social y la condena de organismos internacionales con los que el Perú ha firmado tratados y convenios expresos, de lo contrario, el estado peruano puede ser denunciado.
CONDONAN DEUDA POR INFRACCIONES
Por
otro lado propicia, la condonación del 50% de multas por infracciones a las leyes del trabajo, prorroga por 15 años
los contratos de estabilidad tributaria, si sabemos que la contribución minera a la tributación nacional fue
descendente: 2010, 2011, 2012 y 2013 fueron de 21.1%, 24.7%, 22.4%, 16.5%,
respectivamente, según la SUNAT.
Ese paquete “reactivador”, otorga carta blanca a los
empresarios para vulnerar nuestro medio ambiente y múltiples derechos laborales.
Junto a ello se condonan multas y deudas tributarias, publicas y privadas
(incluyendo las deudas a la seguridad social que es dinero de los trabajadores)
por más de 20 mil millones de soles, según la FNTMMSP
Este es un asunto muy espinoso, que de seguro acelerará aún más el deterioro institucional que ya está muy afectado en nuestro país. Este llamado "plan de reactivación productiva" es el documento que se está utilizando como guía para esta desesperada aventura a la que nos está empujando el actual gobierno. Este plan es reduccionista, no considera como referencia norma alguna ni se apoya en una visión de país futuro, además, se restringe solamente al crecimiento económico. El concepto de desarrollo sostenible del país no ha sido tomado en cuenta.
Privilegiar inversiones
de la industria extractiva, a cualquier costo, las consecuencias serán mayores
conflictos sociales, toda vez que la población afectada, menos compensada, buscará
defender su sobrevivencia.
Preguntamos ¿estas
medidas reactivadores dictadas por el Gobierno de Ollanta van revertir la
desaceleración de la economía que arrastramos desde 2013?. La respuesta es NO. Pues sus efectos sobre crecimiento
dolo serán marginales e insignificantes, porque no se ataca las verdaderas
causas que afectan al modelo primario exportador. El paquete no plantea
industrializar al país y diversificar la producción nacional, sino que refuerza
el modelo primario exportador, se aferra a incentivar la extracción de materias
primas cuando tenemos un problema creciente de demanda externa que según los
expertos, se prolongara hasta el año 2025.
Es iluso pensar que
vendrán más inversiones porque aceleramos los permisos y tramites. Lo cierto es
que las grandes inversionistas se
aprovechan de la crisis para presionar a un gobierno débil y sin rumbo que
el neoliberalismo continuista, para obtener mayores gollerías y privilegios, y
maximizar sus ganancias a costa de sacrificar el medio ambiente, las fuentes de
agua, el erario nacional y los derechos de los trabajadores peruanos generadora
de riqueza, los mismos a su vez ocasionara más desigualdad, atraso y corrupción
de nuestras instituciones.
REGLAS DIFERENTES
. "Así
funcionaba antes de que existiera el Minam. Están desconociendo que tenemos una
autoridad ambiental competente. Están desvalorando y debilitando el
sector", señala a La República, la directora del programa
de política y gestión ambiental de la SPDA, Isabel Calle.
Además, aseguró que
los Estándares de Calidad Ambiental
se trabajan en grupos en los que están todos los sectores, por lo que pueden
emitir su concepto. "Es falso que no puedan intervenir en la decisión. Y tampoco
afectan la inversión, pues no son exigibles jurídicamente a las
empresas", dijo tras lamentar que estas medidas generen doble discurso sobre
la importancia de la conservación del medio ambiente con miras a la cumbre del
Cambio Climático COP20.
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