El derecho humano al agua

¡Bien venidos a la defensa de las montañas y del medio ambiente!

La ONU declaró que tenemos derecho
 a beber agua potable,
ahora que le avisen a los que la contaminan


El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se incluyeron en la misma, los derechos de todas las personas a la igualdad ante la justicia, a la educación básica, al trabajo, a la vivienda, la vestimenta y a la seguridad social. Sin embargo nada se dijo en esa oportunidad sobre el derecho al agua, quizás porque en ese momento no se pensó que el agua podría convertirse en un producto comerciable.


Ante el planteo del presidente de Bolivia Evo Morales, la Asamblea General de Naciones Unidas, ha declarado hace unas horas que el agua potable y el saneamiento son Derechos Humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida. Fueron 124 Estados los que votaron a favor, 0 en contra y 41 abstenciones


Entre los países que se abstuvieron de votar, se encuentran EEUU, Suecia, Dinamarca, Canadá, Japón, Australia y el Reino Unido.


Decir que tenemos derecho a consumir agua potable, es lo mismo que decir que tenemos derecho a respirar aire puro o, dicho de otra forma, que tenemos derechos a vivir. Por lo que a primera vista parecería bastante estúpido tener que contar con una resolución que lo haga.


Sin embargo parece ser muy necesario, ya que al menos 884 millones de personas no tienen acceso a un agua potable segura y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios básicos.


El derecho al agua potable no es vinculante en el marco del derecho internacional, por lo que su cumplimiento no es exigible por ley ni siquiera para los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta declaración tiene un importante valor simbólico e influye en la política de la ONU y de varios países en donde el agua es tratada como una mercancía más.


La declaración del agua como Derecho Humano es, sin dudas un paso importante. Pero de por si sola no hará que ni una sola persona, que hoy no puede acceder a la cuota mínima necesaria para su subsistencia, pueda hacerlo mañana.


Esta declaración deberá ir acompañada de un gran cambio de fondo para lograr el objetivo que se pretende.


Algunos números clarifican el panorama. Para fabricar un solo litro de una bebida refrescante como la Coca Cola, se utilizan entre 175 y 200 litros de agua, mientras que son alrededor de 300 litros de agua los que se necesitan para producir un litro de cerveza. Un microchip necesita 16.000 litros al igual que 1 Kg. de carne vacuna. Para producir una tonelada de cobre se utilizan 320.000 litros. La mina La Alumbrera utiliza más de 51 millones de litros de agua por día.


Empresas mineras, hidroeléctricas, automotrices, textiles, petroleras, pasteras, de agricultura industrial y de refrescos como la Coca-Cola, entre muchas otras, consumen y/o contaminan billones de litros de agua por día. La mayor parte sin controles, ni penas, ni consideración de su impacto ambiental.


El uso del agua por parte de las empresas está desbocado, descontrolado y deshumanizado. Su escasez se debe principalmente a eso y la implementación de las medidas necesarias para que se facilite su acceso es una deuda que estas empresas y los países que se han beneficiado y lo siguen haciendo, deberían pagar. Esto no lo dice la resolución de la ONU, lo dice la realidad de un tercio de la población mundial, que sufre las consecuencias cada día de sus vidas.


Ricardo Natalichio

Director de EcoPortal.net

rdnatali@ecoportal.net

Tomado de : http://www.ecoportal.net/

AÑO 11 Nº 445, JULIO 29 de 2010

El derecho humano al agua


27-07-10 Por Roberto Bissio

El agua es indispensable para la vida. Resulta tan obvio, tan básico, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el documento constitutivo del mundo contemporáneo, junto a la Carta de Naciones Unidas, enumera los derechos que hacen posible vivir “libres del miedo y la miseria” y los que atañen a la dignidad humana… pero no menciona entre ellos el derecho al agua. Ni al aire, dígase de paso. En 1948 no parecía posible que los fluidos esenciales llegaran a escasear.

Para solucionar esta omisión, la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido convocada a votar el próximo miércoles 28 de julio una moción presentada por el embajador Pablo Solón de Bolivia y apoyada por otros 31 países, por la cual se declara por primera vez a nivel mundial como un derecho humano universal “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento”.

Las Naciones Unidas estiman que 884 millones de personas carecen totalmente de agua limpia y dos mil millones sólo tienen acceso a ella a más de tres kilómetros de sus hogares, lo que significa una carga abrumadora para mujeres y niños. Dos mil seiscientos millones de personas carecen de saneamiento adecuado y 1.200 millones defecan al aire libre. En una nota de apoyo a la resolución, el ex presidente ruso Mikhail Gorbachov recuerda que “por lo menos cuatro mil niños mueren cada día por enfermedades vinculadas al agua y más vidas se han perdido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por el agua contaminada que por violencia y guerras”.

Catarina de Albuquerque, autora de un conmovedor informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el agua y el saneamiento, explora cómo los derechos consagrados a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la igualdad entre varones y mujeres y el propio derecho a la vida están relacionados. Pero no alcanza con estos derechos consagrados, sostiene: “El saneamiento es un aspecto de la dignidad humana; se debe considerar la vulnerabilidad y la vergüenza que tantas personas experimentan cada día”. Ya en 1980, el Tribunal Supremo de la India, al considerar la situación de un municipio que no ofrecía servicios sanitarios públicos básicos describió cómo ante esta carencia "la timidez se convierte en un lujo, y la dignidad, en difícil arte". Estas violaciones a la esencia misma de la dignidad humana no se captan en su totalidad cuando se considera el agua y el saneamiento sólo en su relación con otros derechos humanos y hacen necesaria esta resolución específica, concluye Albuquerque.

El texto que ahora considera la Asamblea de la ONU se concentra en los derechos individuales y expresamente deja de lado los temas de aguas fronterizas que son objeto de la legislación internacional ya consagrada, afirma la necesidad de enfocar el tema desde lo nacional y lo local, reafirma que la protección y promoción de todos los derechos humanos es de responsabilidad de cada estado y reclama cooperación internacional y trasferencia de tecnología para hacer posible el derecho al agua y al saneamiento para todas las personas y hogares.

El acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano, sostiene un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en enero de este año, “debe ser equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible. Es obligación del Estado proteger a la gente de la desconexión a los servicios de aguas y de la contaminación, prohibir que individuos o empresas lesionen los derechos de otros. Como estos servicios son caros y en la región hay altos niveles de pobreza e indigencia, los pobres no podrán ejercer su derecho humano al agua si no reciben un apoyo eficaz del Estado, reflejado en los presupuestos y en la creación de instituciones eficientes y estables”.

Como 190 países ya reconocen de una u otra manera en sus constituciones y legislaciones el derecho al agua, la aprobación de esta resolución debería expresar un consenso mundial. Sin embargo, a juicio de Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses y ex-asesora sobre agua del presidente de la Asamblea General de la ONU, “algunos gobiernos se oponen al consenso y es probable que la resolución deba ser sometida a voto, con lo cual se arriesga dividir al cuerpo entre Norte y Sur”. Esta división no evitaría la aprobación de la resolución, ya que el Sur tiene amplia mayoría en la ONU, pero le quitaría peso político y viabilidad práctica.

Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido aparecen como el principal obstáculo. Esto puede deberse a la tradición jurídica anglosajona hostil a los derechos “de segunda generación” que requieren que los gobiernos hagan algo (como educar o cuidar la salud de sus ciudadanos) en oposición a los derechos humanos ‘clásicos’ que simplemente requieren que los gobiernos se abstengan de hacer algo (de torturar, censurar, encarcelar arbitrariamente o allanar hogares de noche, por ejemplo).

En Londres la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha dicho que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable de “acceso” al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano. En Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua y resienten, por lo tanto, un documento que parece ir en sentido contrario, mientras que en Canadá el primer ministro conservador Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.

En realidad, la resolución no dice nada sobre cómo deben los gobiernos garantizar el acceso al agua y el saneamiento. El proveedor puede ser público o privado, al igual que una institución que enseña o que cura, y la existencia del derecho no obligará a compartir internacionalmente las aguas nacionales, como tampoco está ningún país obligado a alimentar los hambrientos del mundo o alojar a los que carecen de techo. Pero un

derecho humano al agua y al saneamiento sí podría poner un límite a los derechos de grandes corporaciones sobre los recursos hídricos consagrados en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio y de inversión.

Bolivia bien sabe de esto, ya que después de que la corporación Bechtel se retirara del país, huyendo de las protestas populares por el encarecimiento del agua privatizada en Cochabamba, el gobierno fue condenado a indemnizarla por un tribunal arbitral del Banco Mundial, que reconoció el derecho del inversor extranjero pero no el derecho humano de los bolivianos al agua.

Consagrar universalmente el principio jurídico para que esto no vuelva a ocurrir depende en gran medida ahora del país de origen de Bechtel. “La estrategia de seguridad nacional del presidente Barack Obama, basada en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sustentable en el mundo, debería ser traducida en apoyo al agua como derecho humano”, aconseja Gorbachov. El presidente Obama tiene una semana para tomar una resolución histórica. www.ecoportal.net

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