¡Bien venidos por la defensa de las montañas y del medio ambiente!
Ser maestro y defender la tierra, emprendimientos letales
El Perú es un país peligroso para los defensores del medio ambiente
Tres relatores de Naciones Unidas se pronunciaron
denunciando que defender la tierra y el medio ambiente, son “emprendimientos letales” en algunos
países, y que los derechos humanos de las defensoras y defensores son violados
continuamente, incluso el derecho más elemental, a la vida. México está entre
los cinco países que encabezan esa lista a nivel global.
Siete países, la mayoría en América Latina – Brasil, Colombia, Honduras, Filipinas,
México, Perú, Guatemala – suman 913 homicidios de activistas de los 1024
que denuncia el reporte de la organización Global Witness sobre asesinatos a
ambientalistas del 2002 al 2014. Varios de esos países encabezan también la
lista global de asesinatos a sindicalistas (Colombia, Guatemala, Honduras, Perú)
y México va camino a colocarse entre ellos.
Los que hicieron el comunicado son John Knox,
Relator sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Michel Forst, Relator
sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos y Victoria Tauli Corpuz,
Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El asesinato de la líder
indígena Berta Cáceres en Honduras el 3 de marzo 2016 –que sigue impune – fue
uno de los casos de alerta mundial que lo motivaron. En mayo 2016, Michel Forst
estuvo México. En esta visita no oficial, declaró que entrevistas con más de 80
defensores revelaron una situación altamente preocupante de violación
sistemática de derechos humanos en el país.
La decisión de hacer un comunicado conjunto fue
porque los ataques, violaciones y asesinatos no están referidos a defensores
del ambiente o derechos humanos solamente, sino también a luchadores por la
tierra, territorios, por el derecho a sus culturas y formas de vida, a vivir
dignamente en sus pueblos y comunidades.
Todas luchas que forman parte también de las
condiciones y luchas de los maestros y
maestras, como los que el 19 de junio fueron atacados salvajemente por
policías de varias niveles de gobierno en Oaxaca (Mexico), resultando en 11
muertos (en el ataque y posteriormente), decenas de heridos y más de veinte
desaparecidos. Entre los asesinados había también pobladores que los estaban
apoyando. No sólo porque compartían su lucha, también por que los maestros son como ellos, indígenas,
campesinos e hijos de campesinos. La lucha de esos dignos maestros y maestras contra la llamada
reforma educativa (en realidad una reforma laboral para echar maestros críticos
y hacer de la educación un mercado “competitivo”) es por su sobrevivencia, pero
también por la educación pública y no está separada de otras luchas de sus
pueblos, contra mineras, represas y megaproyectos, robo y contaminación de
agua, contra transgénicos, tala de bosques y otros despojos. A menudo son
maestros los que informan, explican, trasmiten, apoyan, organizan. Eso lo saben
las autoridades, por eso nada les da más rabia que un sindicato independiente
como SUTEP en Perú.
Esta masacre se suma a otros asesinatos contra
luchadores y defensores de los pueblos, comunidades, barrios que luchan por
defender sus localidades, sus formas de vida y sustento, y que a través de
ellas nos enseñan y cuidan a todos. Sigue abierta a flor de piel la herida por
el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes, futuros
maestros, de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 de
septiembre de 2014. Otra vez, como con el caso de Ayotzinapa, el país entero se
levanta para protestar contra la masacre de maestros, exigir que se castigue a
los culpables, que termine la represión en lugar de diálogo, que se libere a los
maestros presos, que renuncie el Secretario (i)rresponsable. Desde todo el
mundo aumentan las muestras de protesta y solidaridad, que se suman y expanden
las protestas al gobierno de México por los crímenes contra los estudiantes de
Ayotzinapa y la reciente “expulsión” gubernamental del Grupo Internacional de
Expertos Independientes (GIEI), para evitar que salga la verdad a la luz.
Como en el caso de Nochixtlán, Iguala y otros, las
autoridades intentan cínicamente culpar de los hechos a las propias víctimas,
encarcelan a los luchadores con acusaciones falsas y las difunden a través de
los medios vendidos. Métodos similares usan en Brasil y Paraguay.
El 7 de abril 2016, la policía y pistoleros de la
papelera Araupel en el estado de Paraná, Brasil, asesinaron a dos militantes
del Movimiento Sin Tierra (MST), Vilmar Bordim y Leonir Orback, e hirieron a 6
más que estaban ocupando una tierra asignada para reforma agraria. Los policías
afirmaron falsamente que habían sido “emboscados” aunque los Sin Tierra no traían
armas, el crimen sigue impune.
En
Curuguaty, Paraguay, 300 soldados atacaron el 15 de junio 2012 a 60 campesinos,
mujeres, hombres y niños que ocupaban Marina Kué, tierra destinada a la reforma
agraria; mataron a 11 campesinos y a 6 de sus propios policías, para poder
decir que fue una emboscada y justificar el juicio político que depuso al
entonces presidente Lugo. La policía declaró que las mujeres y niños eran un
señuelo para emboscarlos. Tras cuatro años de cárcel injusta, once de los
propios campesinos afrontan un juicio falseado, acusados de los asesinatos Hay
una campaña mundial para exigir su liberación y absolución (https://absolucionya.wordpress.com/).
Las mentiras del poder van cayendo cada vez más
rápido, por la reconstrucción y memoria colectivas. Los ataques siguen, pero no
logran imponer sus cuentos y así se desarma el terror que quieren sembrar. Al
contrario, cada lucha es ejemplo de dignidad y fortalece a las que siguen.
Caso peruano: Perú es un país peligroso para los defensores del medio ambiente
Informe
indica que Perú ocupa el cuarto lugar en el mundo. En los últimos doce años
fueron asesinados 57 activistas.
Estudios realizados por la ONG internacional Global
Witness señalan al Perú como el cuarto país en el mundo donde se producen más
muertes de defensores ambientales. Antes están México, Brasil, Honduras y
Filipinas.
En
el documento titulado "El Ambiente
Mortal de Perú" precisan que entre los años 2002 y 2014 fueron asesinados 57 activistas. El 60% de
estos crímenes se produjeron en los últimos cuatro años y tuvieron su origen en
conflictos relacionados con la actividad minera, aunque Global Witness alerta
que las recientes tendencias apuntan al sector forestal.
Todo
esto, en razón a la falta de atención del gobierno para resolver los problemas
de tala ilegal y la inseguridad en torno a la propiedad de las tierras
comunales.
Los
asesinatos de los líderes asháninkas Mauro Pío Peña en el año 2013 y Edwin
Chota. Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, sostiene al pequeño Edwin, de
solo 8 días. Valera junto a los guardianes amazónicos Jorge Ríos Pérez, Leoncio
Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez confirman la aseveración.
Ellos
denunciaron insistentemente la presencia de madereros que se dedicaban a la
tala ilegal en la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali. Y también exigían
la titulación de sus tierras para defenderlas de la voracidad de los taladores
furtivos.
Tuvo
que producirse esta pérdida de vidas humanas para que recién se ponga en el
tapete este grave problema.
AMENAZAS
El estudio de esta ONG inglesa también señala que el aumento de la ilegalidad, la corrupción y las debilidades institucionales en todo el sector forestal hacen que el Perú se enfrente a una desalentadora lucha por cumplir las promesas para superar esta situación.
El estudio de esta ONG inglesa también señala que el aumento de la ilegalidad, la corrupción y las debilidades institucionales en todo el sector forestal hacen que el Perú se enfrente a una desalentadora lucha por cumplir las promesas para superar esta situación.
Uno
de los compromisos adoptados por Perú es reducir la deforestación neta a cero
antes del año 2021.
RECOMENDACIÓN
Ante el riesgo que significa defender el medio ambiente en el Perú, Global Witness recomienda al gobierno peruano implementar y respetar las disposiciones que contiene la declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ante el riesgo que significa defender el medio ambiente en el Perú, Global Witness recomienda al gobierno peruano implementar y respetar las disposiciones que contiene la declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aconseja
al Estado además revocar la Ley 30151
que amplía la inmunidad de los miembros del orden para hacer uso de la fuerza
en determinadas situaciones.
Lo
mismo tendría que hacerse –dijo– con la Ley
30230, que socava los procesos y la autoridad de las instituciones de
protección ambiental, y prioriza la inversión por encima de las reclamaciones
indígenas.
Estas
leyes, afirma, podrían provocar más conflictos y por ende más violencia.
HABLAN LAS VIUDAS
En la presentación de este informe también estuvieron las viudas de los cuatro líderes asháninkas asesinados en Ucayali. Denunciaron que hasta el momento no se hace nada por ubicar los restos de dos de ellos y que tampoco se les ha entregado los cuerpos de los rescatados para darles sepultura.
En la presentación de este informe también estuvieron las viudas de los cuatro líderes asháninkas asesinados en Ucayali. Denunciaron que hasta el momento no se hace nada por ubicar los restos de dos de ellos y que tampoco se les ha entregado los cuerpos de los rescatados para darles sepultura.
En
dramática intervención, exigieron la titulación de sus tierras y que las
autoridades del gobierno vean a los indígenas como seres humanos que cuidan los
bosques para beneficio de toda la humanidad.
TESTIMONIOS
Ergilia
Rengifo López: "Tenemos doce años de lucha por la titulación y no hemos
logrado nada, solo la muerte de nuestros esposos. La ministra Ana Jara cuando
fue a nuestra comunidad dijo que el título lo tendríamos en una semana, no hay
nada. Estoy acá abandonando a mis hijos. Nos siguen amenazando pero
continuaremos protegiendo los bosques".
Fuente:
http://larepublica.pe/19-11-2014/el-peru-es-un-pais-peligroso-para-los-defensores-del-medio-ambiente
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